
Se inaugura una nueva etapa política, con mucha expectativa desde el sector económico y mucho ruido desde algunos sectores que no están nada contentos con la trayectoria pasada del fujimorismo. Pero la realidad es que nuestra presidenta es la señora Keiko Fujimori y que de su éxito depende el de todos nosotros. Así las cosas, quisiera poner algunos temas sobre la mesa.
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La última década ha sido de una destrucción consistente de toda la institucionalidad técnica del Estado. Toda, de rey a paje: contratos CAS con personal que no tiene las calificaciones y hoy goza de estabilidad laboral; una Contraloría desbocada que terminó de espantar a muchos servidores públicos que nunca más volverán; procesos de contratación pública que terminaron paralizando miles de millones en inversión que no hay cómo retomar; y un desenfreno fiscal, patrocinado por el Congreso y sin freno del Ejecutivo, que nos deja más pobres de lo que éramos. Ni siquiera me voy a detener a hablar del sistema de salud de los trabajadores, EsSalud, que ha sido arrasado y prácticamente destruido.

Obviamente tener un gabinete ministerial técnico aporta confianza y dará un giro positivo al manejo de las políticas públicas. Pero las reformas y ajustes que el país necesita para volver a ordenarnos requieren mucho más que ministros y viceministros de primer nivel. Necesitamos todo un cuerpo de funcionarios públicos que tengan las cosas claras, peso técnico y probada honestidad. Ahí estará el principal reto, que además deberá ir acompañado de un ajuste importante de las normas del sistema nacional de control, para generar los incentivos que atraigan a ese talento.
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Una segunda tarea, más compleja en términos políticos, será poner orden en las instancias subnacionales. Dos terceras partes de los recursos para inversión pública se gestionan a través de municipalidades y gobiernos regionales. Ahí las cosas son peores aún, no solo en términos de corrupción, sino también de capacidad de gestión. Hay miles de millones que se quedan en cuentas bancarias sin ejecutar el gasto, y no existe mecanismo alguno para revertir esos recursos. Tampoco hay mecanismos que obliguen a una coordinación entre las distintas instancias de gobierno para garantizar planes de inversión con enfoque territorial, donde cada instancia ponga lo que le toca de recursos. Con elecciones a la vista, esta tarea será doblemente compleja.
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Por último, habrá que emprender en serio un ordenamiento y simplificación de trámites. Que cualquier trámite requiera múltiples aprobaciones –porque todos le tienen miedo a la Contraloría– y que los documentos vayan de oficina en oficina durante largos meses es inaceptable.
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Dura tarea le espera al Poder Ejecutivo, pero reitero que su éxito es el de todos, así que confiemos que tendrá el apoyo necesario del Congreso para emprender los ajustes legislativos que se requieran.
Leonie Roca es directora de empresas.







